|
En peligro apoyo a la autonomía departamental:
Chaco cuestiona “dedazo” de Cossío en designación
de subprefecto
 La
sorpresiva designación del subprefecto de la
provincia Gran Chaco, Adolfo Reynoso, fue
cuestionada por las autoridades de esa región,
quienes esperaban por lo menos ser informados sobre
esta posesión, quien, en el marco de un proceso
autonómico debió ser elegido por voto popular.
El
diputado por Poder Democrático Social, Podemos,
Willman Cardozo, dejó en claro que no tiene nada en
contra de la nueva autoridad designada, sino a la
forma en la que actuó el prefecto del departamento,
Mario Cossío, quien en un acto político y entre
“gallos y media noche”, posesionó a un subprefecto
que no es elegido por voto directo.
Cardozo, considera que el “dedazo” realizado por la
primera autoridad departamental, fue inoportuno, ya
que da paso a que la oposición reproche el Estatuto
Autonómico Departamental.
Por otra parte, el parlamentario indicó que ese acto
realizado sepulta políticamente a Cossío en la
provincia Gran Chaco, ya que la gente esperaba, que
al hablar tanto de autonomía, se de paso a la
elección directa de autoridades provinciales como el
subprefecto.
“Lo realizado por Cossío liquida completamente
cualquier opción política que tenga en el Chaco,
mucho más cuando ha sido la persona más cuestionada
por la población y las instituciones” señaló.
Sobre si reconocerán o no a Adolfo Reinoso, como
subprefecto, Cardozo indicó que luego de una
reunión, diferentes instituciones emitieron un voto
resolutivo en la que señalan que no permitirán el
nombramiento y designación de los consejeros y
subprefecto de la provincia Gran Chaco, sin
practicar la democracia que tanto profesan, cansados
de tanto manoseo político y económico de las
entidades públicas como la Subprefectura.
Exigen de manera inmediata la elección de
autoridades regionales por voto popular y directo,
caso contrario se advierte la toma tanto de la
Subprefectura como de las oficinas que ocupan los
consejeros departamentales.
Por otra parte, el parlamentario de Podemos,
considera que esa actitud del prefecto, que
posesionó a una autoridad de manera incógnita y sin
hacer ninguna consulta, podría poner en peligro el
“sí” a la autonomía departamento en el Chaco. “Yo le
aconsejo al señor Cossío, de que por lo menos no se
aparezca por acá hasta que pase el 22 de junio,
porque lo único que va lograr es que la gente le
diga “no” a la autonomía, todo gracias a su
imprudencia” enfatizó.
COMITÉ CIVICO
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de
Yacuiba, Guimer Veizaga, indicó que la sociedad
demanda la elección de autoridades provinciales por
voto popular, en ese sentido la institución cívica
apoyará cualquier determinación que decida adoptar
la población.
Veizaga, considera que el prefecto del departamento
debe demostrar que se quiere un verdadero gobierno
autonómico, con autonomía provincial, cumplir con lo
que se promete y no continuar con una designación
arbitraria e inconsulta.
En
lo personal, el presidente del Comité Cívico de
Yacuiba, aseveró no oponerse a la designación del
nuevo subprefecto, más al contrario está dispuesto a
establecer una relación institucional. Sin embargo,
las instituciones que pertenecen al Comité Cívico no
están de acuerdo con la designación a dedo, por lo
que sólo le resta apoyar la decisión que tomen.
Al
igual que el parlamentario de Podemos, Veizaga teme
que el “dedazo” del prefecto afecte el proceso
autonómico en la provincia Gran Chaco, lo cual sería
una decepción para los ciudadanos que apoyan la
autonomía departamental.
JORGE ARIAS
Sobre el tema, el presidente del Concejo Municipal
de Yacuiba, Jorge Arias, recordó que la población
del Chaco hace meses atrás emprendió una lucha para
que la elección de autoridades provinciales sea por
voto popular y no así por designación política,
lucha que logró incluir esa demanda dentro del
Estatuto Autonómico aprobado por la Asamblea
Autonómica Provisional.
Sin embargo, grande fue la sorpresa de la ciudadanía
y autoridades, cuando la primera autoridad
departamental, sin previo anuncio, posesionó a
Adolfo Reinoso como al nuevo subprefecto, pasando
por encima la elección por voto directo que se había
conseguido.
“El prefecto no sólo debería predicar, sino dar
cumplimiento a aquellos acuerdos que llega con las
provincias y venir de manera secreta posesionar a
una autoridad e irse sin decir nada, dando señales
negativas al no profundizar la democracia” señaló.
AUTORIDAD OBSERVADA
Por otra parte, el presidente del Concejo Municipal
de Yacuiba, indicó que el nuevo subprefecto,
primeramente debe rendir cuentas sobre su gestión de
los cinco años que estuvo como alcalde.
Según Arias, existen muchas observaciones por parte
de la sociedad civil, sobre la gestión municipal de
Reinoso, motivo por el cual, a través de una
resolución aprobada masivamente por el Concejo
Municipal, se aprobó la realización de una auditoria
especial por parte de empresas aprobadas por la
Contraloría General de la República.
“El señor Reinoso debe rendir cuentas, su gestión no
ha sido clara, no ha sido transparente, ha tenido
muchísimas observaciones en los cinco años que fue
alcalde municipal” explicó.
Diputado Barrientos:
Cambios no garantizan transparencia
en Prefectura
El
sorpresivo cambio de la Dirección Jurídica y
Dirección de Contratación de Bienes y Servicios de
la Prefectura del Departamento, dejó entrever que
las cosas en el Gobierno Departamental no marchan
bien, sin embargo, un cambio de personal no
profundiza la transparencia al interior de dicha
institución, indicó el diputado por Poder
Democrático Social, Podemos, Fernando Barrientos.
El
parlamentario, dijo que los cambios de la Prefectura
son un reconocimiento tácito de que algo no andaba
bien dentro de la institución, por otra parte,
demuestra que el brindar mayor transparencia, luchar
contra la corrupción y hacer lícitos y pulcros los
procesos internos, no se logran con el cambio de
personal sino con actitudes institucionales.
Barrientos, considera que el Gobierno Departamental
debe apresurar su proceso de modernización a fin de
garantizar la eficiencia y transparencia en los
procesos de licitación, adjudicación y contratación
de servicios para proyectos departamentales.
Para lograr ese objetivo la Prefectura debe
priorizar a que la transparencia, el control social
y la fiscalización, no sólo es un hecho que
corresponde a algunos funcionarios o dirección
prefectural, sino a toda la institución en sí,
agregó..
“La transparencia, control social y fiscalización
debe ser una política que se ejerza cotidianamente
en la Prefectura, donde la sociedad civil participe
con mayor efectividad en ella. Yo pregunto, aparte
de los contralores ciudadanos, ¿cómo participa la
sociedad? ¿Cómo nos enteremos de las licitaciones?
¿Cómo nos enteramos del proceso de adjudicación?”,
cuestionó.
Barrientos, indicó que ese tipo de información no
sólo debe ser de conocimiento e interés de los
proponentes y los empresarios, sino de toda la
población tarijeña.
Como ejemplo de una falta de información, el
parlamentario indicó que en “Tarija existen más de
700 empresas constructoras, en ese contexto se debe
identificar cuáles son las que acaparan las obras,
las que prestan currículum, las que prestan sus
relaciones, las que forman parte de una rosca
política-empresarial, eso con la finalidad de que la
Prefectura erradique irregularidades al interior de
la institución pública”.
Subprefecto
En
cuanto al cambio de subprefecto en la provincia Gran
Chaco, el ex consejero departamental, Jaime Tudó,
indicó que el cambio debió realizarse hace tiempo,
ya que la gestión del ex subprefecto, Juan Carlos
Cerrusolli dejaba mucho que desear en el tema
administrativo.
Tudó, espera que la nueva autoridad, Adolfo Reinoso,
quien conoce sobre el manejo de instituciones
públicas, pueda llevar adelante la Subprefectura que
tiene a su cargo importantes proyectos en
Villamontes, Yacuiba y Caraparí.
Pese a que norma legal obliga a asesor jurídico a
intervenir en licitaciones:
Abogado Mostajo afirma que él renunció y que no
participó en licitación Bermejo – San Antonio
El
ex asesor legal de la Prefectura de Tarija, Manuel
Mostajo Rojas, quien ocupaba ese cargo hasta el día
lunes de esta semana, aseguró que no fue destituido
de su cargo, sino que por motivos de salud presentó
su renuncia ante el prefecto Mario Cossío.
La
primera autoridad departamental, Mario Cossío, el
pasado lunes, anunció cambios en la Dirección
Jurídica y la Dirección de Licitación y
Contrataciones de Bienes y Servicios y, a tiempo de
posesionar a las nuevas autoridades, les encargó una
exhaustiva revisión del cuestionado proceso de
licitación y contratación para la construcción de la
carretera Bermejo-San Antonio.
Tras esos anuncios, Mostajo fue enfático al indicar
que presentó su renuncia como asesor jurídico, al
prefecto Cossío, por motivos personales y no fue
destituido como indicaba un medio de comunicación
escrito, al cual no mencionó, y que considera
manipular la información y faltar a la verdad.
Por otra parte, Mostajo aclaró que la oficina de
Asesoría Jurídica no participó en ninguna instancia
del proceso licitatorio del camino Bermejo-San
Antonio, ya que esa es una responsabilidad que le
fue asignada a la Dirección de Contrataciones que
estaba a cargo de la ex funcionaria, Heydi Calderón.
Aseveró que Asesoría Legal no emitió ningún informe,
ni conocía las propuestas presentadas en la
licitación, ni documento para la construcción de la
carretera Bermejo-San Antonio. Según Mostajo, el
pretender involucrarlo con ese proceso licitatorio,
obedecen a intereses de otra índole.
Expertos consultados por EL NACIONAL al respecto,
afirmaron que las declaraciones del ex director
jurídico son incomprensibles, por cuanto la propia
norma de licitaciones (D.S. 29190), establece con
claridad las funciones de la unidad jurídica de toda
institución en los procesos de licitación. Indicaron
que el artículo 19 de esa norma legal, asigna
funciones específicas, entre ellas, las de “atender
y asesorar sobre los aspectos legales en las
diferentes etapas del proceso de contratación,
durante el proceso de calificación…”, así como
“realizar, con carácter obligatorio, todos los actos
jurídicos inherentes a los procesos de contratación
que demanden el RPC y el RPA”, incluyendo la
elaboración de las resoluciones administrativas de
adjudicación.
Señalaron que si realmente Mostajo no habría
participado en la licitación Bermejo - San Antonio,
esa sola razón mostraría un trámite irregular,
porque él tendría que haber redactado y firmado la
resolución de adjudicación a favor del Consorcio del
que es parte Uniservice.
Mostajo, por su lado, explicó que dentro del proceso
licitatorio, hubo una impugnación en lo que se
refiere a la supervisión, sin embargo, Mostajo se
habría excusado de conocerla, debido a un
impedimento legal, por lo que se nombró a otro
asesor para tratar el tema.
El
ex asesor legal del Gobierno Departamental, explicó
que hizo conocer su renuncia al prefecto Cossío, el
pasado viernes, sin embargo, oficializó la misma a
primera hora del pasado lunes 28 de abril.
Provincia Cercado incrementa sus recursos:
Presupuesto 2008 de Alcaldía es de
403 millones 486 mil 233 bolivianos
El
presupuesto 2008 de la Alcaldía de Cercado suma un
total de 403 millones
486 mil 233 bolivianos, tras la primera
reformulación que aprobó en la víspera el Concejo
Municipal. El incremento del presupuesto supera los
43 millones 555 mil bolivianos del programado en
diciembre 2007.
El
Concejo Municipal en su informe asegura que el
incremento se debe a los recursos que se disponen en
caja y banco, que en principio eran más de 66
millones de bolivianos y con la reformulación
sumaría un total de 131 millones 514 mil 301
bolivianos, diferencia de 65 millones 214 mil 301
bolivianos.
Asimismo, se reporta un incremento en los proyectos
comprometidos con recursos del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos, IDH 2007, de 3 millones 752 mil
397 bolivianos.
Por lo tanto, los proyectos con recursos propios del
municipio de 27 millones de bolivianos, con la
reformulación se dispone de 50 millones 133 mil 427
bolivianos.
Al
mismo tiempo, se da a conocer un incremento en los
proyectos comprometidos con recursos del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos, IDH, 2007, de 3
millones 752 mil 397 bolivianos.
El
presidente de la Comisión Económica del Concejo
Municipal, Omar Flores, informó que los recursos
propios, de coparticipación tributaria, HIPICC II y
coparticipación del IDH, no tuvieron incrementos ya
que están regulados por Ley.
Por lo tanto, si bien se tiene un incremento en el
presupuesto, tras la reformulación, el concejal
Flores, indicó que en el caso de recursos externos
se registró una disminución de 20 millones 795 mil
062 bolivianos, ya que la transferencia de recursos
de la Prefectura que en principio fue programado en
más de 66 millones de bolivianos, con la
reformulación se verifica una reducción de 34
millones 096 mil 925 bolivianos. Por otro lado, el
saldo con la Prefectura suma un total de 13 millones
775 mil 526 bolivianos.
Haciendo una comparación de cada institución, tanto
la Alcaldía como la Prefectura, la población puede
ser testigo de cómo es que se están invirtiendo
estos recursos y tratando así con más transparencia
dichos fondos, dijo Flores.
Ministerio Público exige que Unidad
de Seguridad Ciudadana cumpla con ofertas
prefecturales
El
Ministerio Público, a través de la Fiscalía de
Distrito, denunció una serie de falencias y
desencuentro que se tiene con los funcionarios de la
Prefectura de Tarija, especialmente con la Unidad de
Seguridad Ciudadana, ya que la primera autoridad del
departamento comprometió la ayuda para varias
investigaciones, las que serían retrasadas o no
atendidas por los funcionarios de dicha unidad,
según declaró el Fiscal de Distrito, Ramiro Ugarte.
Aseguró que no hubiera querido llegar a ese extremo
de denuncia pública, pero tiene que decirlo, porque
esa es la realidad, ya que el Ministerio Público
tiene muchos contratiempos en materia investigativa,
porque en su debido momento hubo una carta del
prefecto del departamento, Mario Cossío, en la que
se instaba a la Fiscalía a trabajar y resolver todo
lo concerniente al caso del niño Edwin Carmona, pero
al día siguiente el tema estuvo casi resuelto.
Recordó que la investigación aún no concluyó, porque
hasta el momento se presentó acusación en lo que se
refiere a los menores de edad, ya que los términos
ahí son bastante cortos y se deben regir al
procedimiento que señala los términos establecidos
en el Código Niño, Niña y Adolescente.
La
investigación en el caso del niño Carmona, va por
dos líneas, la una en el tema de los menores, vía
juzgado de partido de la niñez y adolescencia, donde
como Ministerio Público por el tema de término ya se
presentó acusación. En lo que se refiere a uno de
los imputados, que es adolescente y a la vez
imputable por tener más de 16 años, asimismo al
taxista que estaría involucrado en el caso, cuya
investigación se la estaría siguiendo en Bermejo.
Ugarte, señaló que hicieron un trámite mediante la
Unidad de Seguridad Ciudadana, para que se les
provea de 200 litros de gasolina, solo se les dio
100 y terminantemente se les dijo que no había una
sola gota más, lo que parece bastante raro.
“Hemos conversado con el señor prefecto, él tiene la
mejor buena voluntad de poner los recursos de la
Prefectura que sean necesarios a disposición del
Ministerio Público, pero lamentablemente todo este
tema se entrampa en lo que significa Seguridad
Ciudadana y en lo que se refiere a su dirección de
suministros. Obviamente nosotros tampoco estamos
para estar molestando cada media hora al prefecto
con este tipo de situaciones, entendemos que la
gente que trabaja en la Prefectura debería ser un
poco más consciente y ayudarle en la gestión al
señor prefecto”, aseveró.
El
fiscal manifestó que esta situación de Seguridad
Ciudadana, al margen de los proyectos de desarrollo
que se manejen a nivel departamental, es el problema
número uno por el que atraviesa el departamento de
Tarija.
Mencionó que un claro ejemplo para esta unidad es la
predisposición que tiene el Gobierno Municipal,
porque sin ningún tipo de trámites burocráticos
brindó su apoyo, porque es una muestra clara de
trabajo coordinado con las instituciones.
CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Por otra parte, Ugarte se refirió a la reunión del
Consejo de Seguridad Ciudadana, donde se resolvió
que los primeros lunes de cada mes se iba a
convocar, esperando que esa situación se lleve
adelante, oportunidad en la que se expresará al
prefecto la queja formal sobre la situación actual,
sobre todo en hechos que conmocionaron a la
población.
Otro de los puntos aprobados, fue el hecho de que se
invite a la Federación de Juntas Vecinales, a los
propietarios de los Medios de Comunicación y al
Sindicato de la Prensa a objeto que también formen
parte del consejo departamental. “Para nosotros esto
es bastante importante, porque nadie más que los
vecinos conocen sus necesidades y si ellos hubiesen
estado presentes en los anteriores consejos se
podría haber evitado el tema que los barrios hoy en
día, cansados por el tema de inseguridad, adoptan
determinaciones como la toma de la Unidad de
Seguridad Ciudadana y con la prensa en el tema de
orientación, difusión como lo señala el propio
reglamento”, concluyó.
Chaco quiere fiscalizar a petroleras:
Cívicos chaqueños dan plazo de 48
horas para instalación Vicepresidencia de YPFB
Integrantes del Comité Cívico Pro Intereses del
Chaco Boliviano, Coproinchabol, y del Comité Cívico
Juvenil de Tarija, realizaron una protesta pública,
exigiendo al Gobierno Nacional y a la presidencia de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
el cumplimiento de la Ley 3058 de Hidrocarburos, la
misma que establece la instalación de la
Vicepresidencia de la estatal petrolera en la ciudad
de Villamontes.
El dirigente cívico de Villamontes, Arturo Miranda,
acompañado de cívicos juveniles, salió a la plaza
Luís de Fuentes con una serie de pancartas exigiendo
al Poder Ejecutivo respetar la Ley de Hidrocarburos
e instalar de una vez la Vicepresidencia de
Contratos y Fiscalización de la estatal petrolera en
la provincia Gran Chaco. De igual manera, exigen a
los parlamentarios departamentales realizar las
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento
de una normativa nacional, caso contrario la única
afectada sería la región.
Miranda, indicó que el artículo 23 de la Ley 3058,
señala que la Vicepresidencia de Administración,
Contratos y Fiscalización, con sus tres gerencias,
debe estar instalada en la provincia Gran Chaco, sin
embargo, esa acción viene postergándose desde el
pasado año.
Dijo que el presidente de YPFB busca modificar la
Ley de Hidrocarburos a través de una Decreto
Supremo, advirtió Miranda, para llevar la Gerencia
de Administración a la ciudad de Camiri, dejando la
de Contratos y Fiscalización en la ciudad de
Villamontes, y que ambas sean manejadas directamente
por el titular de la estatal petrolera.
“Lo que buscan es que nos enfrentemos con nuestros
compañeros de Camiri, ellos saben que la
Vicepresidencia de Administración, Contratos y
Fiscalización tiene que estar en el Chaco tarijeño y
no tienen porque cambiar eso” enfatizó.
Por otra parte, Miranda denunció el hecho de que el
presidente de YPFB haya designado a Mario Arenas
Aguado, como responsable de la oficina en
Villamontes, sin tomar en cuenta que ese funcionario
fue expulsado de la estatal petrolera por un proceso
por robo de combustible. Por otra parte dicho
funcionario habría aceptado el cargo, sin embargo,
se niega a trabajar en Villamontes prefiriendo
establecer su oficina en la ciudad de Santa Cruz.
“Qué garantías hay de transparencia cuando el señor
Arenas sale de las penumbra para ser nombrado
encargado de fiscalización, sabiendo que tiene una
dudosa procedencia funcionaria” señaló.
Los cívicos de Coproinchabol dieron un plazo, al
Gobierno Nacional, de 48 horas para que de respuesta
a la provincia Gran Chaco y se cumpla con la Ley de
Hidrocarburos.
Buses que viajan al interior no
incrementarán precio de pasajes
El
precio de los pasajes de las distintas empresas de
buses que salen tanto al interior del departamento
de Tarija como del país, no sufrirán un incremento,
siempre y cuando la distribución de diesel sea
normal durante los próximos meses.
El
ejecutivo del Sindicato de Buses La Tablada,
Freddy Mendoza, indicó que no tienen planificado
elevar ninguna de sus tarifas a distintos destinos,
ya que están siendo controlados estrictamente por
la Superintendencia de Transporte del gobierno
central.
Sin embargo, los técnicos supervisores están atentos
si es que existiera la suspensión de distribución de
los combustibles básicos como ser el diesel y la
gasolina, caso contrario se tendría que lamentar
inmediatas consecuencias y respuestas por parte del
Sindicato de Transporte.
Asimismo, mencionó que los sindicatos de transportes
de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí,
no están realizando el pago de peajes, que se
acostumbra a cancelar en las distintas trancas
ubicadas en varios puntos estratégicos, ya que hasta
el momento no se soluciona el problema de la
carretera Tarija – Potosí.
Recordemos que ya pasaron ocho meses desde que se
suspendieron los trabajos de construcción en la
carretera Tarija – Potosí, lo cual perjudica
especialmente al sector del transporte pesado y a
toda la población del departamento. Por este motivo,
el sector de transporte se declaró en estado de
emergencia y decidió no pagar los respectivos
peajes.
Este hecho se trata de una protesta que realiza en
este momento todo el sector de transporte de buses,
ya que desconocen a fondo el proceso que lleva
adelante el gobierno con la empresa constructora y
si existirán modificaciones en cuanto al cambio de
asfalto rígido o flexible, manifestó.
En
este sentido, dieron un plazo a las autoridades para
dar solución a este problema en los siguientes 30
días, caso contrario el Sindicato de Transporte no
descarta tomar medidas de hecho mediante bloqueos en
las principales carreteras del departamento de
Tarija, concluyó.
Familiares de Rubén Aldana exigen
justicia a un año de su asesinato
Los familiares del desaparecido Rubén Aldana, quien
fue asesinado el año pasado, estuvieron ayer en la
plaza Luís de Fuentes para solicitar justicia y
apoyo por parte de la población para que el imputado
no sea puesto en libertad.
Sandra Aldana Martínez, hermana de la víctima,
indicó que el pasado sábado recién se dictó la
sentencia para el imputado, otorgándole 30 años de
cárcel sin derecho a indulto en la correccional de
Chonchocoro. Sin embargo, se conoce que el acusado
apelará la decisión en esta semana, por lo que pidió
a la población su ayuda y colaboración para que esta
situación termine de una vez por todas.
Recordó que el 25 de febrero del año pasado su
hermano, Rubén Aldana, fue brutalmente asesinado por
Nicanor Padilla Gayte. Y tuvo que transcurrir más de
un año para conocer la sentencia por parte de los
jueces que velan el caso.
En
este sentido, como toda la familia está consternada
por el hecho en procura para que se realice
justicia, pidió al tribunal de sentencia, a los
fiscales y los abogados defensores que se
sensibilicen con su familia para que durante el
proceso de apelación se confirme el dictamen
judicial.
Se
espera que los nuevos jueces que conducirán esta
apelación sean iluminados por Dios para ratificar la
sentencia, ya que el acusado se trata de un criminal
en serie y no se puede dejar a ese hombre en
libertad por el bien de la sociedad; y si se lo deja
en libertad se hará un daño a la sociedad,
manifestó.
Los familiares salieron a la plaza principal de
nuestra ciudad con sus respectivos carteles
solicitando ayuda de la población y a los nuevos
jueces, quienes indicaron que de seguro el acusado
querrá salir de la sentencia con menos años, lo cual
les parece injusto.
Senador Carrazana:
Nacionalización de petroleras
permitirá decidir futuro de regalías
La
recuperación de la mayoría accionaria de tres
compañías capitalizadas como ser Andina, Chaco,
Transredes y una privatizada CLHB, por parte del
Gobierno Nacional, permitirá decidir que hacer con
los recursos que generan las regalías.
El
senador por el Movimiento Al Socialismo, Tito
Carrazana, dijo que este proceso de nacionalización,
conllevó demasiados obstáculos, sin embargo, se está
intentando seguir avanzando en la apropiación, pero
en este caso con la compra de la mayoría de las
acciones para poder tener el 51 por ciento.
El
parlamentario, señaló que se quiere decidir que
hacer con las regalías, donde explorar perforar,
explotar e industrializar, eso debe ser resorte de
los bolivianos y no de las transnacionales que
siempre se enriquecieron con los hidrocarburos.
Carrazana, dijo que los decretos probablemente
serán dados a conocer en Palacio de Gobierno este
jueves primero de Mayo, pero los mismos se siguen
trabajando, por lo que se espera que en el
transcurso de las próximas horas los mismos puedan
ser firmados.
“Sería interesante que la presentación se la realice
en situ, donde se producen las regalías, pero
desconozco la determinación del lugar donde se
podría realizar el anuncio”, mencionó el senador.
Programa Empleo Urgente
Por otra parte, Carrazana, dijo que en el caso de la
ocupación por parte de trabajadores del Programa de
Empleo Urgente, logró ponerse en contacto con el
Viceministerio de Inversión Pública, quienes
manifiestan que hubo una auditoria realizada por la
Contraloría General de la República, en torno a
gastos de recursos del IDH para este fin, ya
existiría una malversación de fondos, además de una
infracción a dos decretos supremos.
Estos serían el 21190 y el 27328, lo que explica que
esta operación fue realizada en la gestión
prefectural del 31 de agosto del 2005 al 31 de
agosto del 2006, es decir, en parte de la
administración de este Gobierno Departamental, lo
que preocupa al Viceministerio tratar de esclarecer
la situación.
Agregó que lo principal es poder esclarecer si se
cometió infracción a esos dos Decretos Supremos y si
hay malversación de fondos, también fijando cuales
son los responsables y dar curso al programa bajo
esclarecimiento del problema.
Alcalde Montes anuncia política
municipal para solucionar asentamientos
Tras los problemas acontecidos en la ciudad de
Tarija con los denominados asentamientos en el
parque de Las Barrancas, el alcalde manifestó que
se está tratando de buscar una solución, luego de
haber visto la necesidad tan grande que sufre cierto
sector de la población que carece de vivienda.
Indicó que trabaja para acabar el problema de la
gente que está asentada en ciertos sectores de la
ciudad y al mismo tiempo daría paso a empezar una
nueva política municipal.
Se
considera que aproximadamente unas quince mil
familias no tienen vivienda en la ciudad, que es
una necesidad que se tiene que cubrir, por ese
motivo es que se decidió que la Alcaldía tome
participa pación en la solución de dicho problema,
lo primero en que se está trabajando es en buscar el
respaldo legal del cual carecen.
Si
bien el Senado aprobó un proyecto de Ley en abril,
espera que se promulgue esa norma legal, no sólo
pensando en los asentados, sino en esas quince mil
familias que no tienen techo propio, dijo.
Se
cuenta con los asentamientos en la zona de Las
Barrancas, de siete grupos, después en Morros
Blancos que ya son grandes. Pero también se cuenta
con personas que ya tienen una vivienda y que se
estarían aprovechando de esta situación, por eso es
que la Alcaldía tomará la acción de control.
Prefectura utiliza recursos de
regalías para referéndum
La
Prefectura del Departamento utiliza los recursos
económicos provenientes de las regalías para
realizar el referéndum para el Estatuto Autonómico
que se efectuará el próximo 22 de junio, afirmó la
secretaria departamental de Finanzas, Elvira
Guillén.
El
Gobierno Nacional anunció una serie de acciones
legales contra las prefecturas, debido a que no se
aclara de donde provienen los recursos económicos
para los referéndums.
Según la funcionaria prefectural, aplicaron todos
los pasos que exige la ley de modificación
presupuestaria, para registrar y aprobar en el POA
2008 el presupuesto de la Prefectura los recursos
para el referéndum autonómico.
Guillén, indicó que los recursos son procedentes de
las regalías departamentales, del recorte realizado
al gasto corriente para incluir el costo del
referéndum.
El
presupuesto es de 4.5 millones de bolivianos, señaló
la funcionaria, quien explicó que las regalías son
recursos propios del departamento y las normativas
nacionales permiten utilizar hasta el 15 por ciento
en gastos de funcionamiento o corrientes.
“Nosotros nos hemos recortado el gasto de
funcionamiento para destinar esos fondos a la
realización del referéndum, para eso hemos sido
cuidadosos en no cometer ninguna irregularidad, por
lo cual tenemos la autorización necesaria”
enfatizó.
Universidad Juan Misael Saracho
gestiona construcción de subterráneo
La
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho realiza
reuniones con el Municipio de la ciudad de Tarija
para gestionar la construcción de un subterráneo que
servirá a los estudiantes pasar la avenida Víctor
Paz Estensoro al Campus Universitario, sin correr
mayores riesgos con los vehículos que pasan.
El
rector de la universidad, Carlos Cabrera Iñiguez,
dijo que se trabaja en estas semanas con diferentes
instituciones para solucionar el tránsito de
peatones desde el Campus Universitario hasta la
vereda de ex CODETAR. En este sentido, ayer sostuvo
una reunión con el oficial técnico de la Alcaldía
Municipal de la ciudad de Tarija para tratar estos
temas.
En
primera instancia, la Alcaldía se comprometió a
trabajar con el tema de poner nuevos semáforos en
este sector de riesgo y también se verá la forma de
construir una rotonda al frente del estadio
universitario para dar salida a los vehículos del
Campus.
Asimismo, se tiene el compromiso de la Unidad del
Tránsito que pondrá un personal de la institución
en este sector todos los días en horas críticas para
controlar el paso de los vehículos y de los
estudiantes.
Explicó que se prefiere construir un subterráneo en
vez de una pasarela, ya que por la idiosincrasia
boliviana lo más seguro que esta última será poco
utilizada. Por eso la universidad planteó a Juan
Carlos Mena de la Alcaldía que la pasarela no se la
ve como una solución para este problema, por lo que
se sugirieron realizar un subterráneo en este lugar.
Además, mencionó que para que el subterráneo sea
transitado es necesario darle vida por dentro con
oficinas de Internet y fotocopiadoras. Pero que
definitivamente será un costo enorme y la Alcaldía
no cuenta con los recursos suficientes, por lo se
sugirió a Mena realizar este proyecto conjuntamente
entre la comuna y la Universidad para buscar el
financiamiento con algún método y así hacer posible
este subterráneo, manifestó.
Por el momento, para dar una solución inmediata, es
la presencia de varitas de tránsito, la colocación
de semáforos por parte de la Alcaldía y la apertura
de una rotonda al frente del estadio universitario
para habilitar una nueva entrada para todos los
vehículos del Campus. Sin embargo, continuará
insistiendo con la construcción de un subterráneo y
no así de una pasarela, aseveró.
Ex trabajadores de Senac conformarán
comité electoral para renovar directorio
Los ex trabajadores del Servicio Nacional de
Caminos, Senac, convocarán a una reunión para
conformar el comité electoral y llamar a elecciones
destinadas a renovar el directorio de esta
organización.
El
secretario ejecutivo de la Asociación de Ex
trabajadores del Senac, José Larrazabal, dijo que su
intención no es perpetuarse en el cargo ni mucho
menos adueñarse de los dineros de la institución,
pese a que cuenta con el respaldo de la mayoría, por
lo que convocará a una reunión para designar un
comité electoral.
Señaló sentirse sorprendido con la nota del
periódico, acerca de la solicitud de rendición de
cuentas y la renovación del directorio, días antes
donde dos asociados se apersonaran a dejar la
solicitud sin que el documento lleve las firmas
correspondientes.
Reconoció que se encuentra bastante tiempo en la
directiva, pero no por capricho, sino por las mismas
bases como indica la nota de prensa. Hace dos años
tenían que realizarse las elecciones, pero la misma
gente no quiso y así constantemente las bases
apoyaron a la actual directiva, agregó.
“Tal vez nos hemos confiado en esa situación, pero
no con el afán de perpetuarnos ni de querer hacer
daño o de gastarnos los dineros que ellos ponen, lo
hemos hecho con la sana intención de querer llevar
adelante y el juicio que tenemos en Sucre sobre la
casación de un pago del bono de antigüedad y fue
llevado aquí por Eduardo Auza”, comentó.
Larrazabal, explicó que cuentan con unos predios que
iban a ser quitados por la Prefectura, cuando se
terminó el Servicio Nacional de Caminos. Añadió que
algunos malos compañeros apenas se cerraron esas
oficinas, fueron a la Prefectura a denunciar que ya
no existía Sindicato como tampoco a quien pertenecía
esos lotes.
Entre siete ex trabajadores acordaron crear la
asociación, para evitar que les sea quitado los
terrenos, de esa forma se reunió a más de 20
compañeros y se formó la organización, llegando
posteriormente a conformar por cerca de 120 socios,
donde sagradamente mes a mes se realizaban las
reuniones.
En
cuanto se refiere al cobro de cuotas a las viudas de
los trabajadores, señaló que nadie les obliga a
poner sus aportes, ya que ellas voluntariamente se
apegan a la mesa y al secretario de Hacienda que es
el único que maneja, le entregan los diez bolivianos
que años antes era solo cinco bolivianos, pero con
su respectivo recibo; además del registro de los
aportes mínimos se encuentran detallados en los
informes respectivos.
La
actual dirigencia cuenta con un poder amplio
otorgado por todos los trabajadores, que les faculta
disponer, vender, alquilar los terrenos que tienen.
Es más, la directiva no estaba encargada de ofrecer
los lotes, sino había una comisión integrada por
Omar Sánchez, Walter Hoyos y Milton Camacho, donde
se determinó que la tasa mínima para cada predio
debería ser de 30 mil dólares, uno es de 612 metros
y otro 1 mil 500, pero según plan regulador la
capacidad máxima de construcción es de 900 metros
del último terreno.
Agregó que duele, que ex compañeros de trabajo
tengan que recurrir a esa situación, desconociendo
si lo hicieron por defender a la asociación o este
tema se encuentra dirigido políticamente contra el
secretario general del Autotransporte 15 de Abril,
por lo que iniciaron un proceso legal, ya que no se
puede dañar la dignidad de una persona ni mucho
menos de su familia.
Alcalde Montes confirmó presencia en capital
oriental:
Cossío pone en duda su viaje a Santa
Cruz para el 4 de mayo
El
prefecto Mario Cossío no definió por el momento, si
el próximo domingo estará en Santa Cruz para
observar el desarrollo del referéndum destinado a la
aprobación del Estatuto Autonómico de ese
departamento, debido a una intensa agenda que
realiza al interior de la Prefectura.
La
autoridad que sí aseguró su presencia en la capital
oriental el día del referéndum autonómico cruceño es
el alcalde de Tarija, Oscar Montes Barzón.
Cossío está inmerso en la realización de cambios en
la estructura prefectural, al momento ya hizo
modificaciones en su gabinete e incluso posesionó el
lunes por la tarde, en Yacuiba, al nuevo subprefecto
de la provincia Gran Chaco, responsabilidad que
recayó en Rodolfo Reynoso Maire, quien reemplaza en
esas funciones a Juan Carlos Cerusoli.
El
asesor general de la Prefectura, Adrián Oliva,
confirmó que el prefecto Cossío recibió una
invitación de su colega de Santa Cruz, Rubén Costas,
para participar del referendo convocado por las
autoridades cruceñas.
Hasta el momento no se adelantó si Cossío viajará a
Santa Cruz, aunque tampoco se descarta que antes del
viernes concluya con los cambios en el gabinete
prefectural, situación que le permitiría realizar el
viaje.
Entretanto, el burgomaestre tarijeño confirmó que
tiene todo listo para trasladarse junto a varias
autoridades municipales a Santa Cruz, por vía
terrestre, aunque previamente, el 1 de mayo
compartirá el día del trabajo con sus trabajadores y
funcionarios para partir con destino a capital
oriental en horas de la tarde.
El
alcalde dijo que el referendo es un sentimiento y
convicción sobre la reafirmación autonomista, luego
del resultado del 2 de julio de 2006 cuando ganó el
sí a la autonomía, por tanto, el 4 de mayo será una
fiesta democrática.
Montes, indicó que ojalá haya comprensión sobre el
proceso y destacó que lo importante es el
pronunciamiento del pueblo cruceño, porque, aseguró,
será realizado de manera pacífica.
No
obstante, no ocultó su preocupación por los
constantes anuncios sobre el inicio de medidas de
protesta contra la decisión cruceña de ir a un
referendo, situación que es bien utilizada por el
gobierno con la finalidad de desestabilizar un
proceso democrático, donde el pueblo decidirá en las
urnas la necesidad de profundizar en democracia y
acabar con el centralismo.
Exigen al gobierno reinicio del proyecto:
Trabajadores del PEU tomaron
instalaciones de Brigada Parlamentaria
Trabajadores del Programa de Empleo Urgente, PEU,
tomaron las instalaciones de la Brigada
parlamentaria de Tarija, porque este proyecto se
encuentra paralizado desde el mes de enero, quienes
exigen a los legisladores agilizar la continuidad
del mismo.
El
dirigente de los trabajadores del PEU, Alberto
Guerrero, indicó que desde hace meses atrás se
encuentran sin empleo, debido a que dicho proyecto
aún no tiene la autorización del Gobierno Nacional
para su continuidad.
Guerrero, explicó que se debía llevar adelante una
reunión entre la viceministra de Inversión Pública,
un representante de la Prefectura y la diputada por
el Movimiento al Socialismo, Julia Ramos, para
conocer el motivo por el cual dicho proyecto no ha
sido aprobado, sin embargo, hasta el día de ayer no
conocían los resultados de la misma.
El
dirigente lamentó que debido a las diferencias que
existen entre el Gobierno Nacional y la Prefectura,
así como entre parlamentarios de oposición y
oficialismo, centenares de familias se estén
quedando sin empleo.
Guerrero, indicó que decidieron dar un primer paso,
que es la toma de la Brigada Parlamentaria, sin
embargo, a esa medida se sumarán otras familias para
proceder a iniciar una huelga de hambre y un bloqueo
de caminos.
Cabe recordar que el secretario de Desarrollo
Productivo y Económico, Ernesto Farfán, indicó que
el Gobierno Departamental presupuestó 20 millones de
bolivianos para dar continuidad a ese programa. Sin
embargo, para continuar con el mismo se requiere la
firma del Viceminis | 
