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Admiten que es aspiración legítima de las
provincias:
Cívicos plantean elegir subprefectos
luego de aprobar estatuto autonómico
Los cívicos plantean la elección de subprefecto por
voto popular en la provincia Gran Chaco, luego de
aprobarse el estatuto autonómico que reglamentará
este proceso.
El
presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Jorge
Arias Soto, el pasado martes aseveró que llevarán
adelante la elección del subprefecto, ya que no
están de acuerdo con la designación política que
realizó el prefecto del departamento, Mario Cossío,
de manera inconsulta.
Sobre el tema, el presidente del Comité Cívico de
Tarija, Reynaldo Bayard, dijo que la elección
directa de las autoridades provinciales es una
demanda de las regiones, la misma que debe darse una
vez aprobado el estatuto autonómico, pues entonces
se tendrá reglamentado ese proceso eleccionario.
Por otra parte, Bayard considera que si se lleva
adelante ahora la elección por voto popular de las
autoridades regionales, se dejará en segundo plano
la socialización del estatuto autonómico en las
provincias, lo cual puede afectar el proceso
autonómico en el departamento.
Bayard se comprometió una vez aprobado el estatuto
autonómico, convocar a elecciones para los
parlamentarios departamentales, para que esa
instancia sea la encargada de reglamentar la
consulta popular y elegir a los subprefectos y
consejeros.
Por su parte, el vicepresidente de Concejo
Municipal, Alfonso Lema, cree que la elección de
autoridades provinciales debe realizarse pasado el
22 de junio, de manera responsable y reglamentada.
En
ese sentido pidió a las provincias no tomar ese tema
como bandera política y permitir que en una primera
instancia se consolide la autonomía departamental,
para luego fortalecerla de manera interna.
Cívico admite que dejó de lado tarea de fiscalizar:
Bayard: Prefectura califica de
“masistas” a quienes denuncian actos de corrupción
Las personas que denuncian contra la Prefectura la
comisión de posibles actos de corrupción son
acusadas de “masistas” u opositores al Gobierno
Departamental, situación que tiene que cambiar,
porque la fiscalización debe ser tarea de todos y
obligación de las autoridades dar la información que
se les requiera, señaló el presidente del Comité
Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard.
Bayard, dijo que fiscalizar el accionar de las
autoridades departamentales en cierta manera acarrea
desaveniencias, como lo ocurrido con la Prefectura,
cuando se cuestionó la licitación de la carretera
Bermejo-San Antonio.
Admitió que la entidad que preside dejó de lado
temporalmente el tema de la fiscalización de las
obras, esto debido a que de momento está abocada a
la campaña de socialización del estatuto autonómico.
Sin embargo, lamentó que habiendo instancias como el
Consejo Departamental, los Comités de Vigilancia y
los contralores ciudadanos, haya tan poca
fiscalización de las obras y proyectos que se vienen
ejecutando en el departamento, tomando en cuenta que
son organizaciones reconocidas por Ley para requerir
la información necesaria tanto a la Prefectura como
al Gobierno Nacional.
El
dirigente cívico considera que las autoridades no
deben sentir temor o recelo al momento de ser
observados por su accionar, al contrario es la
oportunidad para demostrar si realmente se trabaja
con transparencia.
Las denuncias de corrupción e irregularidades que
salieron a luz contra la Subprefectura de la
provincia Gran Chaco, ponen en duda la labor que
realizan aquellas instancias de fiscalización que
existen en el departamento.
Malversación de recursos, sobreprecio en las obras y
la compra irregular de artículos, son algunas de las
denuncias que se emitieron contra la Subprefectura
de la provincia Gran Chaco, luego del cambio de
autoridad que se registró en esa institución.
Por su parte, el diputado de Poder Democrático
Social, Podemos, Fernando Barrientos, considera que
las instancias de fiscalización en el departamento
no ejercen su rol eficientemente, por una serie de
hechos, puede ser por presión política, por prebenda
económica, por extorsión o por falta de apoyo
logístico.
En
el caso del Consejo Departamental, el parlamentario
mencionó que hasta la fecha no ha denunciado ningún
caso de irregularidad y no precisamente porque no
existan, sino porque no se hacen las investigaciones
a fondo.
Pero la fiscalización no sólo debe realizarse al
Gobierno Departamental, indicó Barrientos, sino
también a instituciones públicas como los municipios
y entidades nacionales, acción que debería realizar
el Viceministerio de Transparencia, sin embargo no
interviene cuando se involucra a personeros del
Gobierno Nacional, como lo sucedido con las
investigaciones en la carretera Tarija-Bermejo.
Fiscales: "Se demostró cohecho pero es difícil dar
con los autores"
Proceso por escándalo del anexo “D”
de petrocontratos próximo a finalizar sin culpables
El
proceso por el caso de corrupción más polémico del
actual Gobierno se encamina hacia el sobreseimiento
de los principales involucrados. Las investigaciones
sobre el cambio del texto de los anexos “D” de los
contratos con las empresas petroleras llegaron a un
virtual estancamiento. De mantenerse en ese estado,
a principios de julio el caso sería cerrado porque
vencería el plazo de ley para acusar a los
responsables.
Los fiscales asignados a dicho proceso, Alain Canedo
y Rimer Choquehuanca, se mostraron, este miércoles,
escépticos de mayores avances. “Se demostró que hubo
un cohecho, pero identificar a sus autores resulta
una labor en la que ninguna de las partes aporta y
se ha hecho muy difícil y complejo avanzar”, explicó
Canedo. En anteriores declaraciones a EL NACIONAL
afirmaron que, de acuerdo a declaraciones y pruebas
tomadas, apuntarían a imputar al actual ministro
Carlos Villegas.
Las autoridades del Ministerio Público señalaron
además las dificultades que enfrentan para
profundizar sus pesquisas. En las últimas semanas
ambos debieron abordar varios procesos complejos que
absorbieron su tiempo y atención. En la lista suman
investigaciones como la del conflicto por espionaje
policial o la evasión de impuestos de algunas
empresas.
La
modificación subrepticia de los contratos con tres
de las principales empresas petroleras que trabajan
en Bolivia se produjo el 5 de noviembre de 2006.
Ocho días antes transnacionales y autoridades de
gobierno habían firmado públicamente los documentos
que establecen la nueva relación entre ambas partes.
Sin embargo a horas de que pasen a aprobarse en el
Congreso se produjeron cambios a una versión más
favorable para las petroleras. La alteración fue
realizada en el piso 8 de la oficina principal de
YPFB. Implica a los contratos de los campos San
Antonio, San Alberto y Río Hondo. Las modificaciones
se presentaron luego de que los hoy ex presidentes
de YPFB Juan Carlos Ortiz y Manuel Morales así como
el actual ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas
sostuvieron reuniones hasta las 22:00 de esa fecha.
Morales abandonó el lugar cerca de las 00:00.
Tras el proceso iniciado por el Senado en diciembre
de 2007, sólo Morales reconoció haber participado en
la readecuación de contratos. Acusó además tanto al
Ministro de Hidrocarburos como al entonces
presidente de YPFB de haber participado en las
modificaciones. Villegas y Ortiz negaron la
imputación.
El
cambio central se halla en el anexo “D”. Allí el
Gobierno les reconoce a las empresas los costos
recuperables de inversión. El listado desglosado en
las siete páginas del anexo abarca desde salarios y
seguros para el personal hasta “materiales en malas
condiciones” y “desechos”. Además al principio del
documento se establece que la lista tiene un
carácter enunciativo y no limitativo. Vale decir que
se podrán añadir más rubros a descontar.
La
investigación ha revelado además que la negociación
de los contratos tuvo también entre sus
protagonistas principales a varias instituciones y
personalidades extranjeras. Entre ellas destacan la
consultora estadounidense Curtis y Cajal y la
empresa de petróleos de Cuba.
Durante la investigación, varios de los testigos
implicaron al ministro Villegas en la supervisión
del cambio de textos. En las últimas semanas,
Morales presentó tres testigos de descargo. De
acuerdo a los fiscales Canedo y Choquehuanca, el
siguiente paso en el proceso es el informe de la
Unidad de Investigación Financiera (UDIF). Los
resultados de ésta se entregarán a mediados de
junio. De no aportar elementos que afecten a los
imputados, éstos serán sobreseídos algunas semanas
más tarde.
Rafael Sagárnaga López,
Corresponsal de EL NACIONAL en La Paz
YPFB asumió mayoría accionaria en Andina:
Santos Ramírez dice que revelará
cifras sobre la capitalización
“Se ha hablado mucho de las inversiones,
privatizaciones y capitalizaciones. Hemos constatado
que las inversiones, particularmente del sector
privatizador y capitalizador simplemente han sido
para administrar lo que el Estado construyó e
invirtió por intermedio de YPFB”, señaló la mañana
de este miércoles el presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos
Ramírez. La autoridad se manifestó así adelantando
que “esta semana (y) la siguiente vamos a hacer
conocer con cifras, con datos” sobre las polémicas
cifras que hasta el presente no han sido
oficializadas ante la población boliviana, pese a
que el responsable de las auditorías petroleras, el
ex ministro de Hidrocarburos y ex presidente de YPFB,
Enrique Mariaca, ya adelantó que ninguna de las
capitalizadoras transnacionales cumplió sus
compromisos de inversión.
Ramírez volvió a presentarse ante la prensa después
de 50 días, tiempo en el que se abocó a
negociaciones con las petroleras. Este miércoles la
cabeza de la estatal boliviana anunció que YPFB
asumía la mayoría accionaria en la empresa Andina y
detalló las características de la nueva relación con
las transnacionales.
Con un aire acentuado en la fiscalización Santos
Ramírez señaló también que el martes se recibió en
Santa Cruz una primera evaluación de los inventarios
de las empresas. Añadió que desde el 1° de mayo un
equipo de profesionales de YPFB, conformado por
geólogos, ingenieros industriales y auditores,
desarrolla una labor de control sobre la producción,
los gastos de inversión y los costos recuperables de
las empresas petroleras.
Los funcionarios de YPFB explicaron que, a
principios de junio, el equipo fiscalizador emitirá
su primera informe. Según las fuentes, el grupo se
concentrará en los 43 contratos de operación que
tiene firmados el Estado con las petroleras.
El
presidente a.i. de YPFB no informó, sin embargo, que
la estatal haya dado pasos concretos para la
instalación y puesta en marcha del Centro Nacional
de Medición y Control de Producción y Transporte de
Hidrocarburos, el cual debe estar equipado con
"sistemas de medición, del tipo Scada..., muestro,
análisis, adquisición y transmisión remota de datos
para su procesamiento centralizado", establecido en
el artículo 18 de la actual Ley 3058 de
Hidrocarburos.
De
acuerdo a lo oficializado por su principal
Ejecutivo, YPFB desde ayer por la mañana posee el 50
por ciento más uno del paquete accionario de la
empresa Andina. Repsol, en los papeles subsidiaria
de Andina, realizó a las 10:00 el endoso de 145.162
acciones nominativas y ordinarias en favor de YPFB.
Por su parte, Andina entregó el título accionario
número 16431 a Yacimientos.
Al
hacer el anuncio, Santos Ramírez elogió la
predisposición de Repsol YPF “por entender la
decisión del Gobierno y de YPFB” de recuperar el
control de las empresas capitalizadas y
privatizadas. Fue cauteloso a la hora de explicar la
relación con Transredes y Chaco, empresas a las que
el Gobierno impuso la compra de las acciones hace
una semana. Sin embargo expresó que, pese a la
tenencia mayoritaria de las acciones, YPFB está
dispuesta “para que esta gestión podamos hacerla de
manera compartida”.
En
el otro extremo durante la conferencia de prensa
proliferaron críticas oficiales contra la Compañía
Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) a la que
el Poder Ejecutivo le impuso la compra del 100 por
ciento del paquete accionario.
En
la fecha se reveló que los responsables de CLHB
gestionaron y obtuvieron un préstamo con cargo a
futuras utilidades, no demostraron capacidad de
reinversión y adicionalmente retiraron recursos
económicos para pagar sus beneficios sociales
anticipadamente.
Ante esa información Ramírez fue consultado sobre
por qué el Gobierno le pagó a CLHB 20 millones de
dólares por las acciones, si tenía esas evidencias.
La autoridad explicó que ocho millones fueron a
pagar una deuda “que como empresa no podemos
eludir”, sin embargo no completó la explicación
sobre el resto del monto.
ACUSAN DE FALTA DE MORAL Y ÉTICA A PETROLERAS
(Corresponsal - Agencias) El presidente de la
estatal petrolera, Santos Ramírez, dijo que las
petroleras nacionalizadas la semana pasada mediante
decreto "no tienen moral ni ética" y "tendrán que
pensarlo diez, veinte, cien veces antes de ir a un
arbitraje".
En
rueda de prensa, Ramírez aseguró el miércoles que la
compañía CLHB de capitales peruanos y alemanes, una
de las nacionalizadas actuó de "mala fe" por haber
retirado fondos y contraído deudas con cargo a sus
futuras utilidades.
Explicó que la compañía, encargada del almacenaje de
hidrocarburos tampoco cumplió con las inversiones
prometidas desde que privatizó la compañía hace ocho
años. Los fondos retirados fueron para pagar
beneficios a sus ejecutivos "anticipadamente", según
dijo.
"Su capacidad de almacenamiento es de un día. Si nos
hubiera garantizado una capacidad de almacenaje de
diez días no había necesidad de tomar el cien por
ciento de sus acciones", señaló.
El
gobierno nacionalizó el jueves todas las acciones de
esa empresa para permitir que Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asuma el
control.
El
presidente Evo Morales también decretó ese día que
las acciones mayoritarias de otras dos petroleras
pasen a la estatal. Se trata de la operadora de
ductos Transredes operada por la británica Ashmore y
Pan-american Energy y la compañía de exploración y
exploración Chaco del grupo BP. CLHB pertenece a la
alemana Oil Tanking GmBH y a la peruana Graña y
Montero.
De
Transredes dijo que la compañía todavía tiene
pendiente el pago de daños ambientales. De Chaco
indicó que mantiene un litigio legal con el estado
por impuestos que aún se halla en apelación.
Ramírez dijo que el estado descontará el préstamo de
8 millones de dólares que CLHB contrajo con un banco
local de los 20 millones que el estado pagará a la
compañía por la totalidad de su paquete. "Con qué
moral podría la empresa (CLHB) acudir a una
arbitraje, y si lo hace estamos preparados para
hacer frente", enfatizó.
El
gobierno ordenó a YPFB tomar el control de esas
compañías después que fracasara una negociación para
que Transredes y Chaco vendieran su paquete a la
estatal petrolera.
Sólo la compañía de exploración y Explotación
Andina, filial de Repsol YPF alcanzó un acuerdo con
el gobierno y aceptó compartir la gestión de once
campos de gas, entre ellos los dos más grandes
reservorios San Alberto y San Antonio. Ramírez
señaló que la decisión de comprar las acciones
mayoritarias ya no está en discusión. "Eso se
cumple", señaló.
Morales nacionalizó los hidrocarburos en mayo de
2006 pero la transferencia de acciones de esas
compañías quedó pendiente.
Rafael Sagárnaga López,
Corresponsal de EL NACIONAL en La Paz
Caso Túnel Falso de Alarache:
Barrientos pide imputar a Patricia
Ballivián de ABC
El
diputado de Poder Democrático y Social, Podemos,
Fernando Barrientos Iñiguez, espera que se concrete
la imputación contra la actual presidente interina
de la Administradora Boliviana de Carreteras,
Patricia Ballivián, ya que la misma se encuentra
involucrada dentro del proceso de ejecución del
túnel falso de Alarache.
Barrientos, aseveró que el daño económico al país,
por la ejecución de obras en la ruta Tarija-
Bermejo, incluido el túnel falso, y los trabajos
emprendidos en la carretera Tarija-Potosí, suman más
de 400 millones de dólares, lo que significa que
existe daño civil y tiene que haber resarcimiento
económico y se debe encontrar a los responsables.
El
parlamentario, aseguró que otra de las personas que
debe estar imputada en este caso, es la actual
presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, quien
suscribió contratos lesivos al Estado, tal es el
caso de la ruta Tarija-Potosí. Afirmó también que
durante la construcción del Túnel Falso, era una de
las inmediatas colaboradoras de José Maria Bakovic,
ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, por
lo que le correspondería responder por las
responsabilidades emergentes.
Recordó que el túnel se comenzó a construir en el
2006, mientras que se desplomó en enero de 2007, y
desde ese momento se buscó resarcir los daños, no
obstante, el diputado decidió presentar las
denuncias ante el Ministerio Público por el daño
ocasionado al Estado y la millonaria pérdida que
significó la mencionada obra.
Barrientos, espera que el Ministerio Público amplíe
las imputaciones y no vaya a ser presionado en la
tarea investigativa, ya que según las aseveraciones
del fiscal de Distrito, Ramiro Ugarte y del fiscal
PIA, Rodrigo Antelo, el proceso seguirá su curso y
se estudia la posibilidad de concretar más
imputaciones formales.
Prefecto tiene atribución legal para nombrar sus
colaboradores:
Lea Plaza acusa a Jorge Arias Soto de
distanciar el Chaco con Tarija
El
prefecto Mario Cossío es quien nombra a los
subprefectos en el marco de la Ley, hasta que se
apruebe el estatuto autonómico y de esa forma se
elija por voto a los ejecutivos departamentales
respectivos, dijo el secretario general de la
Prefectura, Mauricio Lea Plaza, al referirse a los
cuestionamientos de los chaqueños al “dedazo” en la
designación de la autoridad provincial, a tiempo de
acusar al presidente del Concejo Municipal de
Yacuiba de pretender distanciar al Gran Chaco con
Tarija.
Señaló que es parte de una campañita que se está
haciendo el antiguo concejal Jorge Arias, para
recuperar vigencia política. Primero quiso poner en
duda el estatuto, pero como ahora fue reformado, en
el Chaco van a votar por el sí en el referéndum y se
está buscando algún tipo de pretexto para evitar que
eso ocurra, aseveró.
El
Estatuto autonómico fue reformado por exigencia,
precisamente, de los chaqueños, quienes cuestionaron
que la redacción original aprobada por sectores
allegados al Prefecto, hayan dejado a un lado la
elección de autoridades territoriales, manteniendo
la designación de éstas como facultad privativa del
gobernador. Analistas políticos afirmaron que el
cambio obtenido por el Chaco constituyó una derrota
política para el prefecto y el logro de una norma
más democrática.
Lea Plaza señaló que desde su presencia en Tarija
para la Asamblea Provisional, se notó que Arias
buscaba cualquier motivo para generar un proceso de
distanciamiento del Gran Chaco y la capital.
Sostuvo que el prefecto tomó la decisión de cambiar
al subprefecto de la provincia, y eso no tiene por
qué ser discutido ni explicado a dirigentes que
están actuando políticamente. Cossío cambió al
subprefecto Cerrusoli en una acción sorpresiva y que
no fue precedida por ningún tipo de concertación
política previa, lo que provocó reacción de varios
sectores y de la misma ex autoridad, quien anunció
que pedirá explicaciones al prefecto.
En
cuanto a la fecha de elección para el consejero de
la provincia Gran Chaco por población, 8 de junio,
enfatizó no conocer nada. Además arguyó que no le
corresponde al Concejo Municipal convocar a elección
de subprefecto, ya que es atribución legal del
Gobierno Departamental una vez que el estatuto sea
aprobado.
De
igual manera, señaló que no conoce a quien comanda
esa elección, porque la resolución del Concejo
recomienda a las organizaciones sociales que se
convoque a consulta popular, pero no se sabe quien
es el que está llamando y menos una fecha precisa.
PARENTESCO
Con relación al grado de parentesco entre la primera
autoridad y el subprefecto del Gran Chaco, dijo que
es bueno revisar el Código de Familia. Se podrá
comprobar que no existe ningún tipo de impedimento
ni de parentesco, porque se encuentra establecida
allí la incompatibilidad, pero no es el caso del
prefecto Mario Cossio con Adolfo Reynoso, agregó.
Afirmó que Arias Soto es conocido en el Chaco por su
odio visceral y consuetudinario a Tarija y a la
unidad departamental. El fue quien promovió todos
los enfrentamientos que hubieron entre el Chaco y
Tarija, en consecuencia esta es otra de sus jugadas
políticas que buscan distanciar los intereses
comunes que se tiene, porque la decisión de
autonomía provincial y una serie de acciones le
quitaron cualquier discurso a la gente que busca la
división en el Gran Chaco respecto al departamento.
RIESGO DE AUTONOMÍA EN EL CHACO
Sobre el riesgo que corre el proceso autonómico en
el Gran Chaco, Lea Plaza sostuvo que la actitud de
algunas autoridades no representa la voz de la
región y menos de la provincia. Está claro que la
provincia Gran Chaco está compuesta por tres
secciones provinciales, existe un conjunto de
organizaciones e instituciones en Yacuiba que le
dieron su respaldo al subprefecto.
“Ahora es evidente que hay gente que está trabajando
para eso, que está buscando poner en riesgo y evitar
que el triunfo del sí en el Gran Chaco sea
contundente y los actos son muy claros, no se
necesita nada más que añadir porque es clara la
intención”, dijo.
DESTITUCIÓN
Concerniente a la destitución de Juan Carlos
Cerrusoli como subprefecto del Gran Chaco y la
explicación que le solicita al prefecto, el
secretario general argumentó que la primera
autoridad del departamento le retiró su confianza a
la ex autoridad provincial, por lo que habrá la
oportunidad para que el prefecto abunde en detalle
acerca de las verdaderas razones.
Manifestó que no se debe cambiar los roles, porque
resulta que las autoridades para nombrar a sus
colaboradores tienen que darles explicaciones
abundantes, tienen que consultar con sus rivales
políticos, lo que es algo que no corresponde.
Insistió que el prefecto lo hará, no sin antes
ubicarse en saber cuales son las responsabilidades
que tienen las autoridades electas y una de esas es
nombrar sus colaboradores.
Lea Plaza, agregó que el prefecto tiene sus motivos
para la destitución, por lo que asumió esa decisión,
en su momento comentará mayores detalles sobre eso,
en referencia a las denuncias de malos manejos en la
Subprefectura, lo que fue calificado como meras
especulaciones por la autoridad prefectural.
Concejo Municipal buscará solucionar
tema del incremento en precio de pan
La
Comisión Económica del Concejo Municipal de la
ciudad de Tarija y la provincia Cercado, será la
instancia de buscar una solución y tratar la
posibilidad de crear una ordenanza para controlar la
venta de pan en los mercados y tiendas de barrio de
la capital chapaca.
El
concejal Omar Flores, presidente de la Comisión
Económica del Concejo Municipal, dijo que
definitivamente existe el reclamo de la misma
población por la venta de pan, en este sentido, se
habló con los panificadores de la ciudad que
indicaron que el costo de la harina y de la manteca
subieron de tal manera que este sector determinará
una decisión la próxima semana.
El
informe señala que los panificadores mencionaron que
es imposible mantener y reducir el precio del pan.
Flores aseveró que el Gobierno Nacional también
debería solucionar prontamente esta situación para
que el precio del pan no se eleve, sin embargo, el
problema con la harina que distribuye es que se
tiene que hacer mucho papeleo y demasiada burocracia
para comprar el producto, aseguró.
Por otro lado, Alfonso Lema, explicó que el Concejo
Municipal realizó el pasado año una audiencia
pública con diferentes actores para tomar medidas
preventivas en este tema. Asimismo, se analizó el
tema el pasado martes en la sesión ordinaria para
regular y controlar la calidad y el peso de los
productos.
Hoy surge el problema del incremento del pan y a la
vez una nueva propuesta para que no sea vendido por
unidades sino por peso. Entonces habría que analizar
las condiciones y alternativas de los vendedores
para que realmente se pueda vender pesando el
producto, indicó.
Declaró que se trata de una iniciativa importante y
de seguro se evaluará en el Concejo para que hasta
la próxima semana se tenga algún tipo de proyecto
que permita regular el precio del pan. En este
sentido, se encargó a la Comisión Económica estar a
cargo del tema para realizar futuras reuniones con
los panificadores de la ciudad y con la delegada
presidencial, con el propósito de evitar incrementos
considerables en estos productos.
Manifestó que esta alza de precios es resultado de
la inflación por falta de acciones y políticas del
gobierno central. La harina es uno de los productos
que se incrementó notablemente estas semanas, por lo
que es viable que el Concejo pueda dictar una
ordenanza para que el pan se venda por kilo, pero
depende del acuerdo con todos los panificadores,
concluyó.
Parque Las Barrancas:
Asentamientos deben solucionarse
integralmente con varias entidades
El
problema de los asentamientos humanos en el parque
de Las Barrancas debe solucionarse integralmente con
varias instituciones involucradas en el tema, dijo
el vicepresidente del Concejo Municipal, Alfonso
Lema, luego que el director del Museo
Paleontológico de la ciudad de Tarija mencionara que
en la zona se tiene una gran reserva fósil que se
destruye en la actualidad.
Explicó que este tema de los fósiles es uno de los
más importantes que hay en el parque de Las
Barrancas. Además, que esta zona es un pulmón
ecológico en la ciudad de Tarija, pero que
lamentablemente se cruza con el crecimiento urbano
desordenado, ya que se asientan sin tener los
servicios básicos.
Señaló que el Concejo Deliberante planteó dar una
solución integral a los asentados, es decir, no sólo
el Gobierno Municipal pueda participar, sino también
la propia Prefectura del Departamento, el Gobierno
Nacional, a través del Viceministerio de Vivienda y
las empresas que brindan servicios como COSAALT y
SETAR, de tal forma que se busque una solución entre
todos.
Mencionó que en la actualidad hay una demanda real
por el acceso a la vivienda, pero también es cierto
que los movimientos sociales de los asentados son
utilizados por personas con intereses económicos y
políticos. Además, se debe reconocer que también el
Estado no generó políticas para garantizar el
derecho a la vivienda con la calidad de vida que
merecen los bolivianos.
Aseveró que es realmente alarmante el tema que la
ciudad de Tarija sería el único lugar del mundo
donde no se respeta el patrimonio cultural con los
fósiles; y por eso debe existir una acción pronta
interinstitucional para buscar una solución al tema,
porque a medida que pasa el tiempo se constituye una
bomba para Tarija en cuanto a conflictos sociales,
expresó.
Barrio Abaroa
Por otro lado, Lema dijo que el Concejo Municipal
recibió un proceso de contratación y adjudicación
para el recapamiento de tres canchas en el barrio
Abaroa, Petrolero y Pedro Antonio Flores, sin
embargo, hubo observaciones por parte de vecinos,
mencionando que se pretende realizar doble traba
Dijo que el Concejo Municipal no consideró el
proceso de contratación, el mismo se devolvió al
ejecutivo, además se solicitó un informe oficial
para conocer lo ocurrido ya que el ente deliberante
es quien ve los contratos y no aprueba obras que ya
fueron ejecutadas.
Por este motivo, explicó que una vez que se tenga el
informe oficial en los próximos días recién se
tomará una decisión, de todas formas la obra ya está
ejecutada en la plaza del barrio Abaroa.
Mantiene decisión de no aperturar Normal Nilo
Soruco:
Viceministerio Educación creará
nuevas unidades académicas en Chaco y
Cercado
El
Viceministerio de Educación determinó crear nuevas
unidades académicas en la provincia Gran Chaco y
Cercado, dependientes de la Normal de Canasmoro,
manteniendo la decisión de no aperturar el nuevo
centro de formación docente, Nilo Soruco Arancibia.
Esta situación originó la protesta de los
estudiantes de la Normal de Nilo Soruco anuncien
medidas de presión más radicales en las próximas
semanas.
La
presidenta de los estudiantes de la Normal Nilo
Soruco, Dora Ortega, dijo que el diálogo quedó
diluido y roto, ya que el viceministro no se
concientizó de la situación que vive el sector
educativo en Tarija, además que estaba muy
presionado por los estudiantes de Canasmoro en el
SEDUCA y de esta manera era muy difícil entablar una
reunión acertada.
Además, indicó que los que estuvieron reunidos
estaban prácticamente de rehenes en estas oficinas.
Por lo que los estudiantes de la Normal Nilo Soruco
se reunirán las próximas horas para determinar
medidas de presión más extremas y contundentes, ya
que no dejarán que el proyecto sea excluido de esta
manera, dijo.
Por su parte, el ejecutivo de la Normal de
Canasmoro, Bartolomé López, señaló que los
estudiantes de la esta Normal mantendrán el estado
de emergencia y pese a que se avanzó en alguna
parte, pero que no se obtuvo todas las demandas.
Explicó que de acuerdo al compromiso del
viceministro para que se aperture nuevas unidades
académicas en la provincia Gran Chaco y en esta
ciudad, mencionó que esta situación de alguna manera
tranquiliza al sector de la Normal de Canasmoro, ya
que no se puede ser intransigente de pedir todo y
al final quedar sin nada, por lo que es necesario
conocer los límites que tiene el gobierno central,
pero que se mantiene el estado de emergencia.
El
magisterio del sector rural también dictó un cuarto
intermedio en su bloqueo y paro de actividades en la
provincia Uriondo, siempre y cuando se cambie a la
directora distrital elegida en el Ministerio de
Educación en la ciudad de La Paz.
Prefectura y Comité Cívico no se manifiestan sobre
ruta Tarija-Bermejo:
Fiscalía de Distrito denuncia poco
interés de instituciones afectadas
El
Ministerio Público en el marco de las
investigaciones complejas de las observaciones
realizadas a la ejecución de la carretera
Tarija-Bermejo y Túnel Falso de Alarache, viene
actuando sólo en el proceso, aunque es menester la
cooperación de los denunciantes, pero las víctimas y
diferentes representantes, como la Prefectura o el
Estado Nacional, hasta ahora no se constituyeron en
parte civil, como tampoco ejercieron el derecho a
querellarse.
El
fiscal de Distrito, Ramiro Ugarte, indicó que son
instituciones pertenecientes al Estado, quienes
tienen afectación de tipo económico, se encuentran
dentro de todo lo que significa el tema vial de
Tarija y deberían coadyuvar con la labor de la
Fiscalía.
Dijo que es necesario hacer la observación de manera
pública, ya que las instituciones deben constituirse
y coadyuvar al Ministerio Público, porque esa es una
de las debilidades que se tiene, al no estar
asumiendo las autoridades su cooperación y solo
cuenta con el impulso de la Fiscalía y los fiscales
PIA.
Ugarte, explicó que existen instituciones del Estado
que resultan víctimas, como la Prefectura, algunos
corregimientos mayores, los propios municipios y la
Administradora Boliviana de Carreteras. Son
entidades que necesariamente deberían haberse
constituido en parte civil, además presentar la
querella correspondiente, como parte del Estado e
inclusive definir una línea conjunta o alguna
estrategia de investigación con el Ministerio
Público, agregó.
COMITÉ CÍVICO
El
fiscal también mencionó que al margen de la
cooperación del diputado Fernando Barrientos, no
hubo alguna manifestación por parte de las entidades
cívicas o de organizaciones de la sociedad civil, y
tratándose de temas fundamentales e importantes que
hacen a la región, donde se evidencia un presunto
daño económico y grande en lo que corresponde no
solo al Estado, sino al propio departamento.
“Yo diría que no hay nada de interés, en realidad
los que se vinieron preocupando del tema, si
hablamos de organizaciones de la sociedad civil, fue
cabalmente la prensa que permanentemente estuvo
haciéndole seguimiento a todo lo que significa estos
casos y nosotros inclusive habíamos adoptado la
política de dar información un tanto estratégica en
lo que concierne al curso de esas investigaciones o
objeto de garantizar la transparencia y la
objetividad que se debe guardar en este tipo de
investigaciones complejas”, sostuvo Ugarte.
Al
margen de la valiosa cooperación del diputado
Barrientos, la prensa tiene mucho que ver en cuanto
al control social que se efectuó sobre las mismas
actividades del Ministerio Público y resaltó el
trabajo profesional de los fiscales asignados al
área, porque es una tarea titánico, sobre todo
cuando institución se encuentran solos en la labor
de investigación.
Maestros rurales pedirá no utilizar
escuelas como recintos electorales
El
magisterio rural analiza la posibilidad de pedir a
la Corte Departamental Electoral no utilizar las
escuelas como recintos electorales a fin de
resguardar las infraestructuras, ante la violencia
que se generó el pasado 4 de mayo en el departamento
de Santa Cruz.
El
principal dirigente de ese sector, Hernán Dolz,
recordó que las escuelas son manejadas por las
alcaldías, por lo que serán esas instancias las que
decidan si prestan o no las instalaciones de los
colegios para ese proceso electoral.
Sin embargo, ante los hechos que se registraron en
el departamento de Santa Cruz no consideran prudente
entregar las escuelas, tomando en cuenta que eso
puede significar el destrozo de algunos artículos
como ventanas, puertas o bancos de los estudiantes.
Por otra parte, al ser el referéndum departamental
un proceso cuestionado por su ilegalidad, como
docente, el dirigente del magisterio rural no ve
como buena señal para los estudiantes, utilizar las
escuelas para un proceso político que sólo esta
dividiendo al país.
“Las escuelas son considerados templos sagrados para
la educación y no me parece que tengan que ser
utilizados para procesos políticos que sólo
confunden a la niñez y juventud tarijeña” agregó.
En
cuanto a la participación o no del magisterio rural
en el referéndum que pondrá a consideración el
estatuto autonómico, Dolz explicó que se reunirán en
un ampliado departamental para analizar ese
documento y dependiendo de los resultados
determinarán una postura oficial.
Felcc agiliza investigación sobre
caso de secuestro y asesinato
La
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, junto al
Ministerio Público vienen agilizando el proceso de
investigación para esclarecer el caso de secuestro y
asesinato cometido a Sebastián Pantoja, ya que se
manejan tres hipótesis y dudas por despejar.
El
director de la Felcc, Ciscar Molina, adelantó que la
investigación se encuentra por un buen camino, es
así que resta citar a algunas personas, las cuales
conocían a la víctima, por lo que se tiene a un
presunto sospechoso del secuestro, quien tendría
relación y contacto cercano con el infortunado.
Esos y otros detalles dan a entender de que se está
sobre dos o tres hipótesis del por qué se habría
producido la muerte, las cuales van a dar con la
gente que habría cometido este asesinato.
Dijo que en el primer viaje realizado a la
fronteriza ciudad de Bermejo donde radicaba el
difunto, se logró información importante. Reiteró
que en esta clase de casos es necesario seguir con
la investigación, por lo que se contará con gente
especializada en esta clase de hechos para que
prosigan con los indicios.
Molina, explicó que se manejan tres hipótesis del
motivo de su muerte, ya que el móvil puede referirse
a un tema económico como un robo, lo que implica
confirmar la actividad que tenía la víctima y los
antecedentes, lo que también orienta a un ajuste de
cuentas, como podría tratarse de una deuda
pendiente.
Señaló que los casos cuando son complejos ameritan
un poco más de tiempo para poder esclarecer los
hechos, ya que se está sobre los pasos de presuntas
personas que participaron del crimen lo que es
positivo. En el secuestro habrían trabajado dos
personas y para la comisión del asesinato se estima
que fueron más de tres, ya que para ingresar a la
parte donde se encontraba el cadáver son más de cien
metros para seguir a pie.
“Esto hace ver que el cuerpo posiblemente haya sido
victimado en las inmediaciones y luego existen
signos de que fue arrastrado para dejarlo en las
condiciones que fue encontrado”, concluyó.
Magisterio urbano difundirá mayor información:
Normal Nilo Soruco no infringe Ley ni
incrementará desempleo
El
magisterio urbano de Tarija difundirá mayor
información a los estudiantes de la Normal de
Canasmoro, sobre la creación del nuevo centro de
formación docente, Nilo Soruco Arancibia, porque su
apertura no infringirá la Ley ni incrementará el
desempleo, tal como se pretende confundir a la
población.
El
ejecutivo de los maestros urbanos de Tarija,
Windsor Ríos, manifestó que es necesario difundir
mayor información a los estudiantes de la Normal de
Canasmoro ya que la nueva Normal Nilo Soruco no
infringe la Ley del docente único, ni incrementará
desempleo en el departamento.
Ríos, dijo que existe una confusión en los jóvenes
al desconocer el proyecto, ya que la Normal Nilo
Soruco no es un instituto urbano como ellos
mencionan, sino es un Instituto Superior único
enmarcado en la Ley 1565 de acuerdo a una figura
legal, en donde no es necesario hablar de sector
urbano ni rural. El hecho que la nueva Normal sea en
la ciudad no le quita crédito como Instituto
Superior ni perjudica en absoluto a la Normal de
Canasmoro.
Por otro lado, indicó oficialmente que los
desocupados en este momento son maestros de primaria
que fueron desafectados por la anterior Ley que dio
apertura a la promoción de educadores por cantidad y
no por calidad; esto hizo que el mercado se
encuentre saturado. Pero la Normal Nilo Soruco
realza parámetros en la educación de calidad,
promoviendo profesores en otras áreas educativas que
no existe saturación.
Dijo que en la actualidad el mercado laboral está
saturado en especialidades como Lenguaje, Literatura
y Matemáticas. Sin embargo, lo que plantea la Normal
Nilo Soruco es de acuerdo a un diagnóstico
realizado, es promover profesores de Ciencias
Sociales, Psicología o Artes Plásticas, ya que no
existen docentes en estas especialidades; por lo que
es falso cuando se atribuye a que la nueva Normal
incrementará el nivel de desempleo en Tarija.
Aseveró que se realizó un estudio previo y por eso
se apuesta por este proyecto, ya que evidentemente
hay necesidad en el departamento. El proyecto en sí
ya está consolidado desde hace mucho tiempo y no se
trata simplemente de una solicitud, sino es un
emprendimiento serio que reúne todos los requisitos
para crear una institución.
Se
planteó que la consolidación de este proyecto tiene
que ser una realidad para Tarija demostrando por
todos los medios y las circunstancias para decir que
el mismo es viable para el departamento. El problema
ahora surge cuanto se indica que este proyecto debe
depender de la Normal de Canasmoro, lo cual no es
viable, señaló.
Denunció que los estudiantes de la Normal de
Canasmoro presionaron de alguna manera para que el
viceministro tome una decisión a favor de su
institución. Explicó que tomaron de rehenes a todos
los que estaban presentes en la reunión con el
viceministro; y esa situación incita solamente a la
violencia, por lo que se invocó a todos los
estudiantes a dejar esa actitud.
Finalmente, declaró que el propósito de la llegada
de esta comisión fue para tratar exclusivamente la
creación de la Normal de Nilo Soruco y no así
solucionar problemas de Canasmoro. Por lo que sus
estudiantes aprovecharon las circunstancias para
firmar otros acuerdos a favor de la Normal de
Canasmoro. Inclusive se pidió realizar la reunión en
otro lado, ya que las oficinas del SEDUCA no
brindaban la seguridad del caso y se tuvo que
trabajar sobre un ambiente inhumano y sin
tranquilidad, concluyó.
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