Tarija - Bolivia lunes, 07 de julio de 2008
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Del IDH y algunos imposibles
Según las prefecturas de los departamentos productores de gas, el gobierno ha confiscado parte del IDH que les corresponde para pagar la renta dignidad. Ahora, según el gobierno (el ministro de Hacienda), estos recursos “se les devolverá” y recibirán más de lo que por ese concepto estaba presupuestado a inicios del año.
Asimismo, tanto las prefecturas como el gobierno central se convocan mutuamente a “conciliar” cuentas del IDH y Regalías departamentales. Para completar la cancha de la disputa política, el presidente Morales ha decidido “dejar en manos de abuelos y Alcaldías” la demanda de restitución del IDH exigida por las citadas prefecturas, con lo que desautoriza de plano las engañosas declaraciones del ministro de Hacienda.
En efecto, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce Catacora, engaña o, por lo menos, pretende engañar al país y las regiones productoras al declarar que “se devolverá el IDH” a las prefecturas. En los hechos, lo único que ocurrirá es que éstas recibirán más recursos por ese concepto respecto de lo presupuestado en este año, debido al incremento del precio del gas exportado, lo que significará, pese al porcentaje de recursos que se destinan al pago de la Renta Dignidad, que el monto final a recibirse será mayor, con lo que, efectivamente, los presupuestos originales no se verán alterados hacia abajo, sino, por el contrario, hacia arriba.
Lo anterior no significa, sin embargo, que el gobierno está “devolviendo” IDH a nadie. En este sentido, el presidente de la república, al declarar que “deja en manos de los abuelos y Alcaldías” la decisión de devolver o no ese dinero, no sólo que desautoriza a su ministro, sino que, además, lo muestra a éste tal cual es.
Por el lado de las prefecturas, la demanda de restitución de recursos es, hoy por hoy, una táctica política mal e inoportunamente planteada, precisamente por el discurso oficialista en plena etapa de campaña electoral hacia el revocatorio. La mayor parte de las prefecturas (parece ser que todas), tienen abultados saldos en cuentas bancarias sin utilizar y, además, tendrán efectivamente más recursos por IDH y Regalías que los presupuestados a principios de año. Por ello, tampoco podrán aducir reducción presupuestaria ni acusar por ello paralizaciones de obras o programas. Esa petición dará pié al gobierno para plantear lo que ya están adelantando: un pacto fiscal que reorganice el destino de la renta petrolera con el telón de fondo de una disputa entre abuelos, Alcaldías y prefecturas.
Abordemos, finalmente, la otra demanda prefectural, consistente en exigir la “conciliación” de cuentas sobre el IDH y Regalías entre YPFB, Ministerio de Hidrocarburos y Prefecturas.
Esta tarea es la imposible. Ninguna de las partes sabe por sus propios medios tecnológicos cuánto gas y petróleo se explota en los pozos petroleros. La prefectura tarijeña ignora olímpicamente – y no se ha preocupado en absoluto en estos dos años y medio de gestión en saberlo – el volumen de energéticos que se explotan de sus pozos petroleros, porque no tiene un solo funcionario encargado de controlar y verificar in – situ, anotando diariamente los datos de los medidores instalados en cada punto de medición (así se hace esa tarea). Lo propio pasa con YPFB y ni que decir con el ministerio sectorial.
La omisión en el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos, que ordena a YPFB instalar y operar un centro nacional de medición de la producción y transporte de hidrocarburos (artículo 18 de la Ley de Hidrocarburos), mantiene a este país en manos de las petroleras transnacionales, que informan exactamente lo que les conviene.
La nacionalización de Transredes tiende a revertir parcialmente esa inermidad. Sin embargo, más de la mitad de los volúmenes exportados al Brasil salen por gasoductos en los que Transredes no tiene control.
En consecuencia, la conciliación a la que ambas partes en pugna se convocan a realizar, es un imposible material y servirá sólo para la distracción previa al referendo del 10 de agosto.
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