Rodolfo Mier Luzio
En esta semana se recuerda los ochenta y cinco años de la creación del Lloyd Aéreo Boliviano, la que en su momento ostentaba el orgulloso título de “Línea Bandera de Bolivia”; hoy, sólo un recuerdo en los anales de la aviación de nuestro país, por acción de empresarios que manejaron un patrimonio nacional a su antojo y como si fuera una empresa personal; pero, también por la actitud del actual gobierno que hizo hasta lo imposible por hacer desaparecer una empresa de transporte aéreo, para que nazca otra que es más afín a los propósitos oficialistas. Hablamos del cambio del LAB, por BOA.
Este acontecimiento, nos trae a la memoria los múltiples problemas que acarreo la compra de aeronaves, las mismas que hicieron historia por las “avivadas”, de quienes tuvieron a su cargo la selección y compra de aviones para fines oficiales.
Un ex ministro de Defensa de Banzer, fue perseguido hasta la muerte, acusado de gestionar la compra del avión en mayo de 1998. La nave Beechcraft fue adquirida por casi tres millones de dólares, saltando normas, según un informe de la Contraloría. Para su adquisición se usó el justificativo que serviría para tender desastres naturales, especialmente a los afectados del terremoto de Aiquile, pero nunca aterrizó en la zona. El sobreprecio estimado ascendía a más de un millón de dólares. Antes de morir, aquejado por un cáncer, Kieffer involucro al entonces parte importante del entorno de Evo morales, Juan Ramón de la Quintana. En una misiva hecha pública el ex Ministro de Banzer invitaba a Quintana a compartir su celda “porque él tenía mucho que explicar”. Sin embargo, lo que conocía se fue a la tumba, junto con el ex Ministro.
Pasó el tiempo y la historia parece repetirse ante la denuncia de una asambleísta. La diputada opositora Norma Piérola (PPB), denunció que se vulneraron leyes para comprar por excepción el avión presidencial y que por ello pedirá un informe al ministerio que efectuó el pago de la aeronave.
En esta ocasión, la asambleísta dijo: “Estamos sorprendidos por el decreto 4426, del 2 de abril, mediante el cual el presidente (Evo Morales) ha ordenado la compra del avión presidencial por vía de excepción; es decir, otra vez “saltando normas” pagando $us 38.7 millones por un avión y lo más increíble es que él ordena qué empresa hará la entrega del avión”, dijo Piérola.
Esta vez el comandante de la Fuerza Aérea, defendió la compra, justificando el hecho por “las características de la aeronave” y negó que exista un sobreprecio de más de $us 14,2, tal como denunció Piérola. Según el comandante militar, el avión presidencial “tiene equipos especiales y por eso tiene ese precio”.
El esfuerzo del Comandante de la Fuerza Aérea, por tratar de explicar y justificar la compra fue evidente. El Ministro de la Presidencia hizo lo propio, pero ambas versiones, no lograron el objetivo deseado; las dudas quedaron en el ambiente, más aún si no hubo licitación pública y menos la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional como establece la Constitución Política del Estado. Todos sabemos que un Decreto de excepción está por debajo de la ley y sólo puede ser lanzado en caso de guerra o desastre nacional. Y este no es el caso.
Lo cierto es que el Ejecutivo debiera ser consecuente con lo que pregona en torno al respeto a la ley, evitando crear susceptibilidades y dudas por no seguir las normas establecidas para adquirir bienes con dineros del Estado. Habrá que recordar que “no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, como establece el Art. 324 de la CPE. Por eso, este caso no estará cerrado por más que pase el tiempo. Por lo menos…esa es mi opinión.
