El precepto esencial de una norma jurídica es que tenga validez en el tiempo y que sea correctamente aplicada. No puede existir una norma que se halle alejada de una determinada realidad. No deben encontrarse dificultades en su aplicación o alcanzarse puntos de inviabilidad que determinen su caducidad.Después de más de 60 años el Gobierno intenta aprobar una nueva norma laboral que sustituya a la Ley General del Trabajo vigente. Pretende adecuarla a la Constitución Política del Estado actual. El Ministerio de Trabajo prevé entregar un proyecto unilateral y sin consenso, al Poder Ejecutivo a fin de que sea enviado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación.

Este proyecto de Código de Trabajo se centra en reconocer que la actual Ley es obsoleta y se necesita un nuevo instrumento legal acorde a los avances sociales. Quiere incorporar los nuevos principios incluidos en la Constitución Política del Estado y las conquistas sociales que nacen de las luchas obreras y su brazo social-empresarial que es la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dentro de las nuevas concepciones que se manejan en relación a la democracia legislativa, se indica que es importante en la formulación de leyes la participación ciudadana. Plantea que ésta, representada por sus organizaciones sociales y sectoriales, pueda intervenir directamente con la sugerencia de temáticas y realidades. Más aún, el discurso del Gobierno señala que el mandato en cada uno de sus actos lo reciben de los ciudadanos.

El enunciado en la práctica no parece cumplirse en relación a la intensidad en que se pronuncian y difunden los discursos. Son pocas las normas que han pasado por la participación ciudadana. Si esto, eventualmente, ha ocurrido, la norma aprobada luego es sometida a la presión social para lograr modificaciones.
El ejemplo más claro y reciente es este proyecto del nuevo Código de Trabajo. En realidad, viene a ser un compilado que involucra a diferentes actores sociales. Sus normas han sido elaboradas de acuerdo a ópticas unilaterales sin brindar la oportunidad a la tan proclamada participación de los interesados que, en realidad, representan a enormes conglomerados de trabajadores y empresarios.

Una norma de trabajo tiene importancia fundamental. Básicamente establece un conjunto de disposiciones que atañen al trabajador y al empleador. Guarda directa relación con la producción de un país y las oportunidades en el  marco de establecer condiciones adecuadas para mejorar los procesos de inversión y generación de mayores fuentes laborales. Los legisladores que, en este caso, responden mayoritariamente al oficialismo, tendrían que ser muy sabios para elaborar una ley desde un precepto unilateral, o por decir lo menos, demasiado sumisos para aceptar algún proyecto elaborado por grupos externos.

El nuevo Código de Trabajo ya ha sido impugnado por obreros y empresarios. Esta norma debe tener como bases: la realidad del país, las condiciones de trabajo, la situación laboral de los trabajadores y las condiciones en que desarrollan sus actividades la empresa privada.

Los trabajadores descontentos con el proyecto afirman que la ley limita los beneficios sociales. También aseguran que reconoce la terciarización, atenta contra la fuerza sindical, elimina sanciones a empleadores y otras críticas. Los empresarios consideran que atenta contra el empleo, la inversión y castiga a este sector.
Resulta fácil comprender que el nuevo Código, tal como está el proyecto, aunque sea aprobado por la Asamblea, ocasionará un clima social de enfrentamiento. En esa condición, a la larga su aplicación sería imposible.

Los legisladores no deben olvidar que cualquier sistema normativo es un hecho sociológico de una obra humana condicionada. Una obra histórica, política, natural y socialmente aceptada.