En la actualidad estamos viviendo un nuevo período de especulación, agio y ocultamiento, que no está siendo encarado por las autoridades departamentales o nacionales como corresponde.
Y es que, por ejemplo, vender la garrafa de gas a un precio tan bajo a los taxistas, dejando sin ese vital combustible a las familias pobres y necesitadas, es un acto de especulación sancionado por el Código Penal, pero que no se cumple, especialmente, por las autoridades municipales y policiales, encargadas de hacer cumplir las leyes, por encima de sofisterías liberales de libre mercado.
Por esta razón es que el ciudadano se siente impotente y, en cierto modo, marginado; porque parece ser que sólo las manifestaciones ruidosas, las que causan daño al bien común, las que incomodan a todos, son las que se atienden por autoridades excesivamente dedicadas al usufructo partidario, personal o familiar y que dejan sus atribuciones constitucionales y legales, en manos de funcionarios que tampoco responden, porque ignoran la ley.
Trate usted de interponer una denuncia en alguna repartición pública y comprobará el grado de impunidad en que viven los especuladores, los agiotistas o los que ocultan artículos de primera necesidad, para lucrar con ellos y, complementariamente, desacreditar al régimen y la propia democracia.
Hasta parece que algunos se están frotando las manos por el crecimiento del agio, la especulación y el ocultamiento, porque les dará dividendos económicos o politiqueros que nada tienen que ver con la economía formal, el bienestar o las necesidades de la colectividad; todo lo contrario.
Hay que recordar la época de la UDP y sus consecuencias nefastas y actuar como en Francia, actualmente, metiendo a los especuladores en la cárcel e investigando la política de precios que causan malestar.